Tomado de Amnistía InternacionalPerú: los servicios de salud discriminan a las mujeres y a los menores pobres e indígenas
Cada ocho horas muere una mujer en Perú como consecuencia del embarazo o de complicaciones durante el parto. El 45 por ciento de las muertes que se producen en el país son de menores de cinco años.
A pesar de las iniciativas del gobierno peruano para mejorar el acceso a los servicios de salud de los grupos pobres y marginados, a las mujeres peruanas aún se les niega el acceso a la atención médica por ser pobres. A esta discriminación por su situación económica se suma la discriminación basada en su identidad cultural o étnica.
Las mujeres pobres, que corren un riesgo mayor de sufrir problemas de salud durante el embarazo y el parto, y los niños y niñas marginados, que deben hacer frente a mayores riesgos de padecer enfermedades durante los primeros años de vida, son quienes reciben menor protección.
Según estadísticas oficiales, en Huencavelica, uno de los departamento más pobres del país, 71 bebés de cada 1.000 murieron al nacer en 2000, mientras en Lima la proporción fue de 17 bebés de cada 1.000.
Además, algunos centros de salud imponen multas de carácter punitivo a las familias si los niños nacen en el hogar o si las madres no se someten a controles prenatales. En ocasiones se niega el certificado de nacido vivo a bebés que nacieron en el hogar, lo que impide que estos niños y niñas puedan obtener documentos de identidad.
La persistencia en la práctica de barreras que limitan el acceso de muchas mujeres, niños y niñas pobres a los servicios de salud materno-infantiles vulnera las obligaciones inmediatas del Estado peruano de garantizar el acceso a la salud materno-infantil, sin discriminación, y dando prioridad a aquellos grupos más vulnerables.
Cada ocho horas muere una mujer en Perú como consecuencia del embarazo o de complicaciones durante el parto. El 45 por ciento de las muertes que se producen en el país son de menores de cinco años.
A pesar de las iniciativas del gobierno peruano para mejorar el acceso a los servicios de salud de los grupos pobres y marginados, a las mujeres peruanas aún se les niega el acceso a la atención médica por ser pobres. A esta discriminación por su situación económica se suma la discriminación basada en su identidad cultural o étnica.
Las mujeres pobres, que corren un riesgo mayor de sufrir problemas de salud durante el embarazo y el parto, y los niños y niñas marginados, que deben hacer frente a mayores riesgos de padecer enfermedades durante los primeros años de vida, son quienes reciben menor protección.
Según estadísticas oficiales, en Huencavelica, uno de los departamento más pobres del país, 71 bebés de cada 1.000 murieron al nacer en 2000, mientras en Lima la proporción fue de 17 bebés de cada 1.000.
Además, algunos centros de salud imponen multas de carácter punitivo a las familias si los niños nacen en el hogar o si las madres no se someten a controles prenatales. En ocasiones se niega el certificado de nacido vivo a bebés que nacieron en el hogar, lo que impide que estos niños y niñas puedan obtener documentos de identidad.
La persistencia en la práctica de barreras que limitan el acceso de muchas mujeres, niños y niñas pobres a los servicios de salud materno-infantiles vulnera las obligaciones inmediatas del Estado peruano de garantizar el acceso a la salud materno-infantil, sin discriminación, y dando prioridad a aquellos grupos más vulnerables.
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