Este 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la maternidad no siempre cabe dentro del proyecto de vida de las mujeres ni es una opción libremente elegida, sino que muchas veces se relaciona con coerciones sexuales, incluyendo incesto; con falla o falta de acceso a anticoncepción moderna; con desorientación y desinformación en temas de sexualidad y reproducción; con presiones culturales y sociales sobre las mujeres para que hagan suyo el rol de madres como única vía para reafirmar su identidad. La solución, por tanto, no es la penalización y persecución a las mujeres que abortan ni a sus redes sociales que las apoyan, sino más bien intervenir en aquellos aspectos que requieren de medidas de prevención: aumentar el acceso a la anticoncepción moderna, incluyendo anticoncepción de emergencia; prevenir la violencia sexual; instaurar programas de educación sexual integrales y un enfoque de género. Lo que debe complementarse con el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que requieran interrumpir su gestación. Para lograr esto, se requiere un cambio cultural profundo que traduzca el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho sobre sus cuerpos y sobre su reproducción, con calidad moral para tomar determinaciones en este terreno, en la certeza de que corresponden al paso más adecuado para su vida presente y futura.
¿Están nuestros gobiernos, legisladores/as y planificadores de políticas públicas listos para responder a este desafío?
¿Está la sociedad dispuesta a reconocer que en nosotras, las mujeres, reside el potencial suficiente como para definir cuándo, dónde y cómo optar por una maternidad voluntaria? ¿Estamos las mujeres preparadas para exigir dicho reconocimiento no tan solo de parte de nuestros gobiernos, sino también de otros sectores sociales que podrían ser nuestros aliados? Este es el desafío que enfrentamos, en medio de un clima internacional adverso, con corrientes fundamentalistas lideradas por la administración Bush y la Iglesia Católica. Sin embargo, el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos actualmente vigente es el sustento sobre el cual nos debemos afirmar para exigir cambios legislativos en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. De allí la importancia de apropiarnos del potencial que estos instrumentos tienen para proteger nuestro derecho humano a la salud, a la intimidad y a la honra, a decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos/as, o a no tenerlos, y a vivir una vida libre de violencias e imposiciones, que en su conjunto configuran y dan sustento a la demanda de las mujeres de una maternidad voluntaria, libre e informada. (extracto http://www.reddesalud.org/espanol/sitio/info.asp?Ob=1&Id=178) Publicada el Lunes, 27 de Septiembre de 2004 Adriana Gómez
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